El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó las acusaciones de Acción Popular tras la anulación de sus elecciones primarias y aseguró que el organismo electoral actuó con total objetividad. En declaraciones a la prensa, subrayó que el pleno del JNE es la máxima autoridad en materia electoral y que sus decisiones se adoptan con independencia, transparencia e imparcialidad frente a todos los competidores.
Las declaraciones de Burneo se producen luego de que Acción Popular anunciara una ofensiva legal y política para revertir la resolución que dejó al partido fuera de la contienda. El Comité Ejecutivo Nacional informó que interpondrá una acción de amparo constitucional, presentará una denuncia penal y realizará una auditoría financiera integral sobre el manejo de sus recursos en los últimos dos años.
Según el partido de la lampa, la acción de amparo busca restituir su derecho a participar en las Elecciones 2026, al considerar que la decisión del JNE vulnera derechos fundamentales como la participación política, el debido proceso y la presunción de inocencia. En paralelo, la dirigencia dispuso iniciar procesos de expulsión contra los presuntos responsables del fraude interno y denunciar penalmente a quienes habrían incurrido en irregularidades durante las primarias.
Como parte de su respuesta institucional, Acción Popular también ordenó una auditoría exhaustiva de sus finanzas, que abarcará ingresos y gastos provenientes tanto de fondos públicos como privados entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. La dirigencia sostuvo que esta medida busca reforzar los mecanismos de control y transparencia en un contexto de alta fiscalización electoral.
La controversia escaló al plano político luego de que el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, anunciara una denuncia constitucional contra Roberto Burneo por presunta infracción al marco constitucional. A ello se suma la decisión del presidente del partido, Julio Chávez, de acudir al Tribunal Constitucional, mientras acusa responsabilidad compartida de la ONPE y el JNE en la anulación del proceso interno, profundizando así el conflicto institucional en pleno escenario preelectoral.
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