La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició la evaluación formal para examinar el pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos Patio, tras conocerse que asumió el cargo a pesar de mantener una denuncia por violencia familiar en su contra.
La audiencia, realizada el martes 19 de agosto, se llevó a cabo de forma reservada, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia en un tema considerado de interés público.
Según informó la institución mediante un comunicado oficial, se notificará a Ríos Patio para que “manifieste su posición en un plazo de cinco días hábiles” y presente las pruebas que considere pertinentes, en cumplimiento del artículo 22 del reglamento interno.
El pedido de vacancia se sustenta en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la JNJ, que establece la separación inmediata de cualquier integrante que se encuentre en los supuestos contemplados en el artículo 11, como es el caso de una sentencia por violencia familiar.
Diversos especialistas, entre ellos la abogada de IDL, Cruz Silva, cuestionaron que la audiencia se haya realizado de forma cerrada. Para Silva, el problema no solo pasa por la vacancia de Gino Ríos, sino también por la responsabilidad de quienes lo eligieron.
“Lo que deberían hacer los congresistas es denunciar constitucionalmente a Javier Arévalo Vela, expresidente del Poder Judicial, quien entrevistó a Ríos durante el proceso de selección”, indicó. Además, señaló que también corresponde investigar a Josué Gutiérrez, actual defensor del Pueblo, por su rol como presidente de la Comisión Especial de Selección de la JNJ.
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