El intento de la Junta Nacional de Justicia por impedir la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la nación expuso una maniobra interna que modificó lo acordado por sus propios consejeros. Aunque la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional se presentó como una defensa institucional frente al Poder Judicial, el registro documentado muestra que el acuerdo del 31 de octubre no incluía el caso Espinoza, sino únicamente la acción contra la demanda presentada por el Instituto de Defensa Legal para anular la elección de los miembros de la JNJ.
Ese día, bajo la presidencia de Gino Ríos Patio, los magistrados autorizaron al procurador a presentar una demanda solo para frenar el proceso del IDL ante el Tercer Juzgado Constitucional. La autorización colegiada es un requisito indispensable para acudir al TC, y sin ella la demanda puede ser rechazada. Sin embargo, cuando el documento fue redactado el 14 de noviembre, se cambió el alcance del acuerdo y se consignó que la acción también defendía las funciones y atribuciones de la JNJ vinculadas al caso Espinoza, pese a que esto no figuraba en el acta oficial.
La demanda fue ingresada el 17 de noviembre incluyendo “de contrabando” el proceso de amparo de Delia Espinoza, quien ya contaba con una medida cautelar favorable. Ese mismo día, la JNJ registró una sesión extraordinaria que habría servido para añadir un “acuerdo complementario” que justificara la inclusión del caso, lo que evidencia que la ampliación fue posterior al ingreso del documento en mesa de partes del TC.
La maniobra deja ver que el objetivo inicial no era enfrentar la resolución judicial que ordena la reposición de Espinoza, sino evitar que prospere el proceso del IDL que cuestiona la legitimidad de los actuales consejeros. El contraste entre el acta formal y el contenido real de la demanda pone en cuestión la transparencia interna del organismo y el uso de herramientas constitucionales para fines distintos a los autorizados.
Mientras el Tribunal Constitucional evalúa la admisión del recurso, el episodio alimenta críticas sobre la conducción de la JNJ y el modo en que toma decisiones institucionales en medio de tensiones legales y políticas. La medida cautelar que favorece a Espinoza sigue vigente, aumentando la presión sobre una entidad clave del sistema de justicia que hoy enfrenta cuestionamientos por sus propias prácticas internas.
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