El congresista Jorge Montoya presentó una denuncia disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia contra el juez Jorge Chávez Támariz, tras su decisión de no aplicar la Ley 32107 en un caso de presuntos delitos de lesa humanidad. El legislador solicitó además la destitución del magistrado, al considerar que su actuación contraviene una norma aprobada por el Congreso.

“Estamos pidiendo la destitución que es lo que corresponde”, afirmó Montoya, quien sostuvo que la medida del juez podría derivar en responsabilidades penales. Asimismo, señaló que la decisión afecta a más de 20 familias y lanzó una polémica acusación: 

“Esto denota una penetración del Poder Judicial por el terrorismo”, generando debate en el escenario político y judicial.

El caso en cuestión está vinculado al presunto asesinato de Luis Lara Poma en 1983, en Apurímac, atribuido a exmiembros de la desaparecida Guardia Republicana. El magistrado decidió aplicar control difuso el pasado 17 de marzo para que la investigación continúe, priorizando el acceso a la justicia de las víctimas y el cumplimiento de estándares internacionales.

En su resolución, Chávez Támariz argumentó que “la prescripción de los delitos de lesa humanidad es anticonvencional” y que no puede imponerse sobre derechos fundamentales como la verdad y la tutela jurisdiccional. Además, citó el caso Barrios Altos vs. Perú y normas internacionales para sustentar su decisión, abriendo un nuevo frente de tensión entre el Congreso y el sistema de justicia en el Perú.