La difusión de nuevos audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, ha generado una ola de reacciones en el ámbito político. En las grabaciones, difundidas por el dominical Punto Final, se le escucha supuestamente hablar de sus presuntas influencias en el Tribunal Constitucional (TC) y de una negociación por $20 mil para favorecer a un cliente, incluso asegurando que “dos magistrados” lo estarían respaldando.
Ante este panorama, el presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció y calificó la moción de censura que impulsa la congresista Ruth Luque como parte de los procedimientos legítimos de control político. Sin embargo, señaló que aún faltan nueve firmas para que el documento sea presentado oficialmente al Pleno y subrayó que, por ahora, corresponde esperar los resultados de la investigación fiscal.
“Estamos en un mundo de especulaciones y hay que ser responsables respecto al manejo de la información. Una palabra más o una palabra menos, dependiendo del contexto, puede distorsionar. Por lo pronto eso está en investigación y cuando exista una conclusión definitiva podremos emitir una opinión objetiva”, declaró Jerí a Canal N.
La postura del titular del Parlamento refleja la tensión que rodea a este caso, que no solo pone en entredicho la idoneidad de un ministro de Estado, sino que también alimenta la percepción ciudadana de desconfianza hacia sus funcionarios. En los audios, Santiváñez habría mencionado el caso de Joel Marcelo Salirrosas, alias “El diablo”, condenado por integrar la organización criminal Los injertos del K&K, lo que agrava la polémica.
Mientras tanto, el debate en el Congreso se intensifica. Si la moción de censura reúne las firmas faltantes, Santiváñez podría enfrentar en los próximos días un nuevo proceso de control político que abriría otro capítulo en la ya complicada relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en medio de un clima de creciente indignación ciudadana frente a la falta de transparencia en la gestión pública.
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