Dos años después de que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) anunciara en un mensaje televisado su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la judicatura y convocar a una asamblea constituyente, aún no hay fecha para que se siente en el banquillo por el golpe de Estado. Se estima que el juicio oral podría comenzar el próximo año.
Mientras tanto, el exgobernante sigue negando los cargos y afirma que está bajo “secuestro político” y que fue vacado “ilegalmente” por quienes “luego asesinaron, hirieron, criminalizaron y encarcelaron a muchos hijos de nuestro heroico pueblo que lucha incansablemente en defensa de su voto y contra la actual dictadura”.
A comienzos del año, el Ministerio Público acusó formalmente a Castillo y solicitó 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Desde el 7 de diciembre de 2022, permanece en prisión preventiva por 18 meses, con otra orden de 36 meses mientras se le investiga por, presuntamente, liderar una red corrupta.
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