El partido Fuerza Popular solicitó formalmente la inscripción de la plancha presidencial que encabeza Keiko Fujimori ante el Jurado Electoral Especial, marcando su cuarta postulación a la Presidencia. La acompañan los excongresistas Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo vicepresidente, en un intento por reposicionar al fujimorismo de cara a los comicios de 2026.
Con este trámite, Fuerza Popular se convierte en la segunda organización política en presentar oficialmente su fórmula presidencial, después de Avanza País, que ya inscribió la candidatura de José Williams junto a Fernán Altuve y Adriana Tudela. De acuerdo con el reglamento electoral, el Jurado Electoral Especial deberá evaluar en un plazo de tres días si la solicitud cumple con los requisitos formales, otorgando un periodo adicional para subsanar observaciones si fuera necesario.
Una vez admitida la solicitud, se abrirá la etapa de tachas, durante la cual cualquier ciudadano podrá cuestionar la inscripción de uno o más integrantes de la plancha presidencial por presuntas infracciones a la normativa electoral. Solo si estas tachas son desestimadas de manera definitiva, el JEE procederá a la inscripción oficial de la candidatura de Fujimori, por lo que el trámite aún se encuentra en una fase inicial.
En paralelo al proceso electoral, la situación judicial de la lideresa de Fuerza Popular volvió a generar controversia. El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Wilson Verástegui que no aplique la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el caso Cócteles, al considerar que el fallo presenta “vicios graves” y se sustenta en “premisas falsas”. El representante del Equipo Especial Lava Jato sostuvo que la acusación contra Fujimori fue por actos de conversión y no por receptación patrimonial, como señala la resolución del TC.
La defensa de la excandidata presidencial, encabezada por Giuliana Loza, rechazó la posición del Ministerio Público y exigió el cumplimiento estricto del fallo constitucional, afirmando que “no existe un caso penal”. Así, mientras Fuerza Popular avanza en el camino electoral rumbo a 2026, la disputa legal por el caso Cócteles continúa abierta y podría seguir influyendo en el desarrollo de la campaña presidencial.
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