La residencia diplomática de México en San Isidro se ha convertido en epicentro político tras el ingreso de Betssy Chávez, quien pidió asilo mientras es investigada como coautora del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Desde hace casi dos semanas, la expremier vive en una casa de 752 metros cuadrados, en un entorno privilegiado proporcionado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, declarada persona non grata por el Congreso. La propiedad pertenece a Williams Kouri Bumachar y Patricia Zacarías Gery, vinculados a movimientos locales de San Isidro.
El inmueble, antes residencia del embajador Pablo Monroy, cuenta con sótano, garaje, amplias zonas de descanso y áreas destinadas a labores domésticas. El primer piso incluye sala, cocina, lavandería, dormitorio con baño y acceso al jardín, mientras que el segundo nivel reúne un dormitorio principal con terraza, áreas de servicio y espacios adicionales. Su construcción demandó una inversión de 825 000 soles. Chávez solo tiene contacto con una cocinera y una empleada de limpieza, quienes realizan compras en un vehículo diplomático, mientras la sede es custodiada por hasta cinco agentes de la Policía Nacional.
Los gastos de la estadía son asumidos íntegramente por el gobierno mexicano. Su abogado, Raúl Noblecilla, aseguró que Chávez no puede recibir visitas por disposiciones del propio Estado asilante, y expresó preocupación por las limitaciones para acceder a suplementos médicos y comunicarse con familiares. Mientras tanto, agentes peruanos mantienen vigilancia constante alrededor de la residencia.
El futuro judicial de la excongresista sigue en suspenso. La Fiscalía pidió al juez Juan Carlos Checkley revocar su comparecencia y volver a dictar prisión preventiva, lo que podría redefinir su situación legal en Perú. La controversia crece en medio de debates sobre el alcance del asilo y el papel del Ejecutivo en la entrega de salvoconductos.
Antecedentes históricos, como el prolongado asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre en 1949, advierten que estos procesos pueden extenderse por años si el Gobierno decide negar su salida. Las autoridades esperan ahora un pronunciamiento de la OEA, mientras se discuten modificaciones a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, lo que podría determinar el destino de Betssy Chávez en los próximos meses.
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