Escribe: Ana Cristina Coaquira H.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Sociólogos del Perú contra la reforma de la Ley Forestal (Ley n.°31973), promulgada el 11 de enero por el Congreso. Esta nueva normativa modifica los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, suspendiendo la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal (proceso obligatorio, técnico y participativo mediante el cual se definen las alternativas de uso del recurso forestal y de fauna silvestre) como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes y prohibiendo estos títulos durante el periodo de suspensión.
RIESGO. El pasado 11 de enero, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, oficializaron la norma que modifica los artículos 29 y 33 de dicha ley, e incorpora dos disposiciones complementarias. La primera es la suspensión de "la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes"; y la segunda, la prohibición de otorgar títulos habilitantes "durante el periodo de suspensión de la exigencia de la zonificación forestal".
Antes y después de la promulgación de la norma, diversas organizaciones ambientales, indígenas, y miembros de la sociedad civil alertaron de los riesgos que podría representar la nueva norma. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) emitió un comunicado rechazando las modificaciones a la Ley Forestal por atentar "contra los derechos indígenas", pues "se promovió inconsultamente y de manera ilegal en el Congreso". AIDESEP señaló que enviaron una carta al presidente del Parlamento solicitando el archivo definitivo de la propuesta porque "promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques"; sin embargo, esta fue ignorada.
"En la última misiva enviada, las organizaciones indígenas nacionales manifestaron que los responsables de la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) pueden incurrir en responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad civil y/o responsabilidad penal, esto debido a que no se respetó el mismo reglamento del Congreso. Además, la Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) utilizará todas las vías legales existentes para lograr la derogatoria de la mencionada modificatoria", señaló la organización. "Al respecto, AIDESEP señaló la urgencia de que la Defensoría del Pueblo y/o alguna entidad competente interponga la acción de inconstitucionalidad frente a esta nueva violación por parte del Congreso", agregó.
Por su parte, en entrevista con RPP, Julia Urrunaga, directora de la ONG Agencia de Investigación Ambiental, indicó que la norma está "abriendo la puerta para legalizar toda la deforestación ilegal que se ha producido en el Perú en los últimos 40 años", y que "todo lo que ha sido ilegal hasta este momento se volvería legal". Además, Urrunaga subrayó que nadie le preguntó a los pobladores de esta zona que opinan, lo que dejaría en evidencia lo poco que les importan las comunidades nativas.
Por otro lado, Iris Olivera, líder del proyecto 'Dar', en diálogo con RPP, indicó que la norma "da carta blanca" a la deforestación de bosques, y que "excluye al Minam para la aprobación de la zonificación forestal”.
"Lo más perjudicial es la disposición complementaria y final, donde presentan que aquellas áreas con propiedad o en posesión que realicen actividades agropecuarias, automáticamente, serán llamadas áreas de exclusión agropecuaria, y para estos casos podrán acceder a la titulación, pero serán excluidas de una herramienta importante que es un filtro técnico que es la clasificación de tierras por su uso mayor”, destacó Olivera.
Según la especialista, esto generaría un grave riesgo ya que se estaría legalizando la deforestación en la Amazonía peruana, pues estarían ocupando áreas independientemente de su capacidad técnica.
"Bosques forestales con capacidad de solo ser forestales, si vienen siendo deforestados y se pone actividades agropecuarias, automáticamente tendrán esta categoría y serán excluidas de cualquier filtro técnico", puntualizó.
Ante ello, el 15 de enero, el Colegio de Sociólogos del Perú presentó la referida demanda ante el TC que, el último sábado, decidió admitir a trámite y correr traslado del recurso al Congreso de la República para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la resolución.
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