Tuvieron que pasar cinco días para que desde el Gobierno coordinen y saquen militares a las calles de Trujillo, ciudad que vive una ola de criminalidad y donde atacaron la sede de la Fiscalía.
El atentado al Ministerio Público ocurrió el 20 de enero y provocó que las máximas autoridades: ministros y presidentes de instituciones de justicia acudan a Trujillo.
Entre las principales acciones anunciaron el despliegue de militares y en sus redes sociales publicaron que los miembros de las Fuerzas Armadas ya estaban resguardando la zona. Sin embargo todo quedó en anuncio pues el mismo ministro de Defensa indicó que no se había adoptado la medida porque el Ministerio del Interior no entregó un plan. Es decir no coordinaron ni priorizaron el protocolo a favor de los trujillanos.
Durante esos días, nuevos atentados se cometieron contra comerciantes y hasta colocaron explosivos en una institución educativa inicial.
Recién este sábado 25 de enero, el premier Gustavo Adrianzén, el titular del Interior, Juan José Santiváñez, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el gobernador de La Libertad, César Acuña y altos mandos policiales, acudieron a Trujillo para presentar a 400 efectivos del Ejército que resguardarán las calles junto a la Policía.
En sus palabras, Santiváñez recalcó que es un compromiso y anuncio que se hizo previamente sin reconocer el porqué de la demora. Mientras que Acuña resaltó la gestión del Ejecutivo y del Congreso, sin hacer alguna crítica.
El premier Adrianzén sostuvo que continuarán con las medidas y no descartó un toque de queda en la ciudad si los índices de criminalidad no disminuyen.
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