Entre todas las discordancias que existen en el Congreso, hay una que tomó fuerza en la sesión de ayer, la cual es sobre el impacto que puede tener una ley declarativa. Mientras que algunos parlamentarios señalaban que la declaración sobre una necesidad solo genera expectativas, otros defendían dichas iniciativas.
La discusión se dio mientras debatían el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital San Juan de Kimbiri – Vraem, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, departamento del Cusco. El primero en criticar la propuesta fue el parlamentario Alejandro Cavero, quien sostuvo que las leyes declarativas solo crean falsas esperanzas a la población y por ello siempre su voto es en abstención ante dichas iniciativas.
Su colega Ernesto Bustamante, también criticó la norma, pero más dio énfasis en el trabajo de los gobernadores y que las leyes declarativas solo facilitan sus responsabilidades.
En el caso de los congresistas por Arequipa, la legisladora Diana Gonzales coincide con Cavero y se muestra en contra de sus colegas que presentan leyes declarativas. Asimismo, calificó que no sirven y son muy sencillas de hacer, pero no generan impacto en la ciudadanía.
Mientras que los congresistas Jaime Quito y Esdras Medina se muestran a favor de dichas normas, señalando que sí tienen valor e importancia. Medina pidió darle énfasis a dichas leyes, argumentando que a través de ellas logran visualizar los problemas de las regiones.
Por su parte, Segundo Montalvo refirió que el Tribunal Constitucional en la sentencia 1417 del año 2005 dice que la ley declarativa tiene el mismo rango que una ordinaria y judicial.
En el trabajo legislativo de los congresistas, la mayoría opta por proponer declarar de interés nacional un tema. Pero, ¿en realidad hay impacto cuando se publica? Hasta la fecha hay 290 iniciativas declarativas promulgadas en El Peruano. Si nos vamos al 2021, cuando los padres de la patria ya se sentaron en sus curules, una propuesta aprobada de la legisladora Karol Paredes, fue la Ley que declara de urgente interés nacional y necesidad pública la mejora de la educación y retorno progresivo a las aulas. Se supone que con dicha norma se priorizaría mejorar la infraestructura y calidad educativa para los estudiantes de nuestro país; sin embargo tras dos años, miles de niños y jóvenes tienen que estudiar en aulas prefabricadas.
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