La crisis en el Ministerio Público entra este miercoles 10 de diciembre en una fase decisiva. Desde las 9 de la mañana, los fiscales supremos titulares se encuentran reunidos para evaluar si eligen a un nuevo fiscal de la nación, luego de que el Congreso inhabilitara por diez años a Delia Espinoza. La decisión podría redefinir la conducción del órgano autónomo y busca, según sus propios miembros, devolver estabilidad tras semanas de disputas internas.
Tomás Gálvez, fiscal de la nación interino, confirmó la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos. En declaraciones previas, señaló que la elección de un titular es necesaria para “terminar con la incertidumbre” y establecer un “plan de trabajo seguro y firme”. A la cita acudieron Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena. Espinoza quedó excluida debido a su inhabilitación.
El encuentro se da en paralelo a otro movimiento clave: la reincorporación del fiscal supremo Luis Arce Córdova, cuya vuelta al Ministerio Público fue habilitada por el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia tras declararse inconstitucional su destitución. Gálvez anunció que hoy se emitirá la resolución que formaliza su retorno, la cual será publicada mañana en El Peruano. Arce volvería el viernes a ocupar uno de los despachos hoy en manos de fiscales provisionales.
No obstante, su reubicación genera controversia. Arce no podría asumir la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios, ya que él mismo fue denunciado por tráfico de influencias en el caso Cuellos Blancos del Puerto, denuncias que fueron archivadas por el Congreso. Esta condición lo inhabilita de hecho para despachos donde se investigan redes de corrupción de alto nivel.
Con este panorama, la elección del nuevo fiscal de la nación —si se concreta hoy— podría recaer en Tomás Gálvez o Juan Carlos Villena, según las primeras posiciones internas. Sin embargo, un sector plantea que Patricia Benavides también estaría habilitada, pues no completó su periodo de tres años tras su suspensión en el caso Valkiria. Sea cual sea el resultado, la decisión marcará un nuevo capítulo en una institución golpeada por tensiones políticas, pugnas internas y cuestionamientos públicos.
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