El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció la aprobación de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, un ambicioso plan multisectorial que busca fortalecer la lucha contra el crimen financiero y blindar la economía peruana frente al ingreso de capitales ilícitos.
El Decreto Supremo que oficializa esta estrategia fue aprobado por el Consejo de Ministros el último miércoles. La política está alineada con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y posiciona al Perú como referente regional en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“La relevancia de esta política radica en que es un instrumento integral, no exclusivo del Ministerio de Justicia, y apunta a evitar el crecimiento de organizaciones criminales que socavan al Estado”, afirmó el ministro Alcántara.
La nueva política contempla un enfoque preventivo, territorial y educativo, involucrando tanto al sector público como privado. Uno de sus pilares es la educación ciudadana y la formación especializada para fiscales, jueces y efectivos policiales.
Entre los cuatro objetivos principales, se destaca:
- La reducción de prácticas que podrían constituir lavado de activos por desconocimiento.
- La prevención desde la etapa escolar, en coordinación con el Ministerio de Educación.
- El fortalecimiento de la cooperación público-privada para impedir la circulación de capitales ilegales.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
