El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, recalcaron sus críticas a la operación fiscal y policial realizada en el domicilio de la presidenta Dina Boluarte y en Palacio de Gobierno, y consideraron que esta tiene un cariz político.
“Consideramos absolutamente desproporcional, injustificada y cuando no ilegal e inconstitucional” este procedimiento, señaló el titular del gabinete, en un pronunciamiento dado junto a otros ministros de Estado.
Refirió que el personal fiscal y policial “han tumbado la puerta” del domicilio de la mandataria, pese a que se les había informado previamente “que se les iba a dar las facilidades, como en efecto ocurrió”.
“Hecho sin precedentes”
Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, consideró que las acciones mencionadas “tienen el propósito de resquebrajar el gobierno, la democracia, la institucionalidad”.
En ese sentido, hizo un llamado al Congreso de la República y a la ciudadanía “a que examinen que estos hechos no son casuales”, y consideró que se trata de “un hecho sin precedentes”. En ese contexto calificó como “desproporcionada” la diligencia efectuada, señalando que en ella intervinieron “más de 20 policías y 20 fiscales”.
Arana consideró que esto demuestra que “se ha politizado la justicia”. “Nos hace ver que existe un uso indebido de la justicia y de los medios de la justicia a través de la Fiscalía y el Poder Judicial”.
Acompañó a los ministros Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, quien indicó que esta declarara sobre este tema primero ante la fiscalía y luego ante los medios de comunicación.
Indicó haber pedido previamente que se reprograme la diligencia en la que la mandataria declararía al respecto y exhibiría sus bienes, pero aun no se le notifica oficialmente al respecto. Sin embargo, reveló que el fiscal Hernán Mendoza, encargado de las acciones realizadas entre anoche y hoy, le informó verbalmente que la declaración de la presidenta se efectuará el viernes 5 de abril.
Castañeda coincidió con los ministros en señalar que el allanamiento efectuado fue una “medida injustificada” e “innecesaria”.
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