El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anuló tres contratos por S/16,2 millones otorgados a la empresa de seguridad GZ Perú S.A., luego de que una investigación periodística alertara sobre presuntas irregularidades en los documentos que presentó para acreditar su experiencia y acceder a los servicios de vigilancia de los locales de la institución.

Los contratos fueron suscritos entre el 20 y el 24 de julio de 2026, durante la gestión anterior y sin un concurso público. Para obtenerlos, la empresa presentó como antecedente una constancia de servicios brindados al policlínico ROAL Laboratorios S.A.C., por un supuesto servicio de seguridad entre 2020 y 2023.

Sin embargo, el gerente general de ROAL, Miguel Paz Álvarez, negó reconocer la firma que aparece en dicha constancia. Además, el reportaje de Cuarto Poder reveló que dos facturas utilizadas para sustentar la experiencia de GZ Perú no aparecerían registradas en la Sunat.

El abogado tributarista Benjamín Gutiérrez cuestionó la documentación presentada. “Es una factura que nunca ha sido emitida en el facturador de Sunat; por lo tanto, no tiene validez legal”, afirmó. Para el especialista, esto constituiría “un indicio de falsificación de facturas”.

La situación adquirió mayor relevancia porque, según el informe, el Minjus ya había recibido el 30 de julio una comunicación de la Sunat que confirmaba la inexistencia de los comprobantes y de las operaciones vinculadas a la empresa.

Los contratos cuestionados comprendían tres servicios por S/4.88 millones, S/5.07 millones y S/6.06 millones, respectivamente.

Ante estos hallazgos, el actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, anunció la cancelación de los contratos. “Lo que hemos decidido de forma inmediata es anular los contratos que suscribió la anterior gestión”, declaró.

No obstante, la institución deberá mantener la vigilancia de sus instalaciones. Por ello, Álvarez explicó que se emitirán órdenes de servicio temporales por montos mínimos mientras se realiza una nueva contratación.

“No podemos quedarnos sin vigilancia”, señaló el ministro, quien estimó que el nuevo proceso para contratar a una empresa de seguridad formalmente acreditada tomará aproximadamente dos semanas.