Cinco de los 11 congresistas acusados por recortar sueldo a sus trabajadores están en aprietos por la investigación a cargo de la Fiscalía. Se trata de María Cordero Jon Tay, Rosío Torres, Katy Ugarte, Heidy Juárez y Magaly Ruiz, las cuatro últimas fueron blindadas por sus colegas parlamentarios y no recibieron ninguna sanción severa, solo fueron multadas.
El caso más antiguo es de Ruiz (Alianza para el Progreso) y hoy se cumple un año desde que la Fiscalía le abrió investigación preliminar.
En ese lapso, los fiscales lograron recabar más pruebas y solicitaron el levantamiento del secreto de comunicaciones, aún falta la respuesta del Poder Judicial. En esta medida se incluyó a los otros implicados: Jaime Sánchez Parra y Camila Mantilla Heredia.
En caso de aprobarse, la Fiscalía revisará sus conversaciones. Recordemos que el presunto operador es el exasesor de la legisladora, Johnny Romero. A este caso se sumó un colaborador eficaz que detalló que Ruiz quitaba los bonos de refrigerio y que en momentos vigilaba que sí estén dando parte de lo ‘acordado’ a su asesor.
Ella fue blindada por sus colegas, primero fue en la Comisión de Ética, que cambió una suspensión por una multa. El colmo fue que Ruiz pidió pagar esa amonestación en cuotas. Luego la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó la denuncia constitucional en su contra, es decir la favorecieron. Sin embargo, ella sería la quinta acusada por la Fiscalía por concusión.
Los casos con más avances y ya con denuncia constitucional de por medio son contra Cordero, Ugarte, Juárez y Torres.
La primera fue María Cordero, las pruebas son suficientes porque evidenciaban como obligaba a su trabajador a ir al cajero para que le dé parte del sueldo. Además, los fiscales hallaron que pedía hasta el bono de escolaridad. Solo en su caso, el Congreso no la blindó y desde Ética la suspendieron 120 días. Sin embargo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) dilatan su denuncia que está en etapa final.
El informe recomienda desaforarla e inhabilitarla por 10 años de la función pública. El 27 de febrero tenía que suceder ello, pero según los congresistas tuvieron ‘fallas técnicas’ para votar y lo reprogramaron. Si el Parlamento tiene voluntad política la próxima semana, Cordero sería la primera sancionada por mochar sueldos.
Mientras que Juárez y Torres fueron denunciadas constitucionalmente el mismo día, a ellas se empezó a investigar en marzo y abril del 2023. Ambas también fueron blindadas por Ética. La parlamentaria Torres a través de su sobrino habría pedido parte de sueldos a sus trabajadores. Ante ello, la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario de ambos y el Poder Judicial aceptó el pedido. Además un colaborador eficaz entregó pruebas que corroborarían que Torres recortó sueldos a diez trabajadores y se habría llenado los bolsillos con más de S/90 mil.
En el caso de Ugarte ella destinó el sueldo de sus colaboradores para los medios cusqueños con el fin de mejorar su imagen. La Fiscalía halló un depósito de S/30 mil.
En declaraciones a los medios, Ugarte aceptó el depósito alegando que fue un préstamo que pidió a su trabajador y pagó en tres partes. Sin embargo, no concuerda con lo declarado por los testigos y trabajadores.
Todas las mencionadas niegan los delitos y sus colegas la respaldan. Una de ellas, Cordero declaró que todos sus colegas hacen lo mismo. ¿Por eso será el blindaje? Ahora las denuncias de la Fiscalía, con las pruebas suficientes, están en manos del Congreso.
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