En los últimos 8 años, el Ejecutivo dejó de reglamentar cerca de 80 leyes y solo en la gestión de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, esta cifra alcanzó las 33 normativas. La omisión de este deber podría interpretarse como una infracción a la Constitución Política del Perú, y según el especialista en derecho municipal, Jorge Sumari, es una causal de omisión de funciones por parte del Gobierno.
El abogado detalló que esta inacción debe ser tomada por el Congreso para ejecutar un proceso de interpelación al premier Alberto Otárola, ya que es el responsable del órgano ejecutivo y administrativo de la política.
“Están cometiendo un abuso de autoridad mediante la omisión de funciones. Sabemos que existe una alianza tácita entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ello resalta el término de control político, un reglamento tiene que cumplirse, sino generaría perjuicio directo a su objetivo”, manifestó Sumari.
Como se sabe, la Constitución precisa que si una ley no tiene plazos fijos para ser reglamentada, el Ejecutivo deberá hacerlo dentro de los 90 días hábiles. Incumplir los tiempos determinados para este trámite constituye infracción constitucional, pudiendo ser denunciados los ministros que incurran en ello.
“Hay diferentes tiempos de reglamentación, leyes que no necesitan incluso ello, pero otras sí. Plazos van desde los 60 hasta los 120 días, pero en ninguna de las dos formas está la participación de la presidenta Boluarte”, detalló.
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