El expresidente Ollanta Humala aseguró estar “secuestrado” en el penal de Barbadillo desde el pasado 15 de abril e indicó que su encarcelamiento es “ilegal y arbitrario” por el delito de lavado de activos agravado vinculado a los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011.
Humala acusó a los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias de haber ordenado su detención sin una sentencia redactada y sin informarle los fundamentos de la medida. “Mi encarcelamiento ilegal constituye una flagrante violación al debido proceso y configura un secuestro por parte del Estado”, agregó.
“Mis enemigos, jueces y fiscales celebraban la muerte del Estado de derecho y de la democracia, mientras observaban cómo también condenaban a mi familia y al último partido político nacionalista y de izquierda en el Perú”, añadió Humala.
Según su relato, la detención se produjo sin bases legales y recién casi dos semanas después, el 2 de mayo, se firmó digitalmente la sentencia que justificaría la medida, en un intento de “corregir retroactivamente” la decisión.
Mencionó que su esposa Nadine Heredia fue ‘forzada’ a pedir asilo “ante tantos atropellos sufridos desde hace más de una década por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, que no han respetado el debido proceso ni han mantenido la imparcialidad, con el único objetivo de destruir al adversario político”.
“La prisión es solo el corolario de una serie de afectaciones a los derechos y garantías fundamentales de un sistema judicial que no es ni aparenta ser imparcial. Por ese motivo, afirmo con claridad que me encuentro secuestrado por decisión de poderes que, de facto, manejan el sistema de justicia y que el estado de derecho y la democracia han muerto en el Perú”, sentenció.
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