El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y pidió al Estado peruano su liberación inmediata e indemnización. El dictamen, fechado el 4 de junio y difundido el 9 de junio, sostiene que la privación de libertad vulneró normas internacionales de derechos humanos. La decisión cobra relevancia mientras la condena de más de 11 años de prisión permanece en apelación ante la Corte Suprema.
El GTDA señaló que la detención de Castillo contravino la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su resolución, afirmó que el "remedio adecuado" es poner al exmandatario "inmediatamente en libertad" y reconocerle el derecho a una indemnización, además de otras medidas de reparación conforme al derecho internacional.
El panel también solicitó una investigación sobre las circunstancias de la detención y la adopción de medidas contra los responsables de las presuntas vulneraciones de derechos. Según el documento, Castillo fue arrestado tras anunciar la disolución del Congreso sin una orden judicial, sin ser informado de los motivos de su detención y sin que previamente se levantara la inmunidad presidencial que ejercía como jefe de Estado.
Los expertos cuestionaron además que no se evaluaran medidas menos gravosas que la prisión, que el expresidente no accediera de inmediato a un abogado de confianza y que existieran presiones contra su defensa. Sin embargo, el pronunciamiento no fue unánime: dos integrantes del grupo consideraron que la detención no fue arbitraria, mientras que el presidente-relator Matthew Gillett emitió una opinión parcial discrepante sobre los fundamentos jurídicos del caso.
Tras conocerse el dictamen, la exministra Anahí Durand, vocera de Juntos por el Perú, sostuvo que el fallo demuestra que "actuaron contra la voluntad popular". Por su parte, el excandidato presidencial Roberto Sánchez escribió en la red social X: "La verdad del pueblo se abre paso".
