El retorno de Keiko Fujimori a la escena política nacional encendió la indignación en Puno. Diversas organizaciones civiles y gremiales declararon a la lideresa de Fuerza Popular como “persona no grata y enemiga del pueblo puneño” luego de que ingresara de forma reservada a la isla de los Uros y al distrito de Ácora para grabar un video proselitista. La visita ocurrió sin previo aviso, en una región que fue epicentro de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.
“Esta señora es una cínica. Su partido desde el Congreso protege y apoya el gobierno de Dina Boluarte. Varios de sus congresistas nos terruquearon con impunidad, y ahora vienen a decir que Puno es clave. Qué tal conchudez. Vino a escondidas, pero si hubiera estado en Puno ella sabe que la habríamos botado de la peor manera. Ni que se atreva a venir nuevamente”, declaró Lucio Callo Callata, dirigente del Comité Nacional de Lucha de Puno.
La reacción se da en medio de la presencia de varios políticos limeños en el sur del país, con miras a las elecciones de 2026. Durante una reciente reunión de dirigentes, se discutió el obsequio de motos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a 80 autoridades locales, así como el comportamiento del congresista Héctor Valer, quien escupió a un periodista en Puno, y las declaraciones del candidato Francisco Diez Canseco, que atribuyó las protestas puneñas a financiamiento extranjero.
“Ahora sí les importa Puno por votos, después que nos han despreciado de la peor manera. Siguen atacándonos, pero de otro modo. Que entiendan que no los queremos. No los aceptamos. Creen que no sabemos pensar y que otros piensan por nosotros. Eso es discriminación encubierta”, expresó Martha Mamani, dirigente aymara. En el altiplano, las heridas por la muerte de 18 manifestantes en Juliaca durante las protestas de 2023 siguen abiertas y la desconfianza hacia los políticos de Lima se mantiene intacta.