La senadora Patricia Juárez defendió la ley que establece una permanencia de dos años para los comandantes generales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En declaraciones a RPP, explicó que la norma, aprobada por el Congreso en 2022 con votos de Fuerza Popular, tuvo como propósito fortalecer la institucionalidad y proteger la carrera de los altos mandos frente a decisiones políticas.

Juárez señaló que la medida surgió después de los cambios frecuentes registrados durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando algunos oficiales fueron removidos pocos meses después de asumir sus cargos. Según sostuvo, esta situación generaba inestabilidad en instituciones cuyos integrantes habían desarrollado durante años una carrera profesional.

La parlamentaria remarcó que el objetivo de la norma no fue favorecer ni mantener indefinidamente a determinados comandantes generales, sino establecer un periodo que permitiera dar continuidad a la conducción de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, Juárez reconoció que la ley tiene una omisión: no contempló qué debía ocurrir cuando un nuevo presidente asumiera el poder. A su criterio, debió incluirse una disposición que permitiera al mandatario entrante evaluar a los altos mandos, ratificarlos o designar nuevos responsables al inicio de su gestión.

La legisladora sostuvo que esta precisión habría permitido mantener el periodo de estabilidad previsto por la ley y, al mismo tiempo, garantizar la coordinación entre el nuevo gobierno y las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa nacional.