El juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela aceptó el pedido de la Fiscalía Suprema y dictó 10 meses de impedimento de salida contra la ex primera ministra Betssy Chávez. La medida responde al proceso por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, en el que es investigada como presunta coautora junto con Pedro Castillo.
La solicitud fue presentada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos tras el fallo del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la prisión preventiva contra Chávez y ordenó su excarcelación. Con esta decisión, la exministra deberá permanecer en el país hasta septiembre de 2026.
Durante la audiencia, el fiscal Edward Casaverde sustentó que existe “virtualidad del hecho delictivo”, citando testimonios de periodistas que habrían ingresado a Palacio de Gobierno por disposición de Chávez el día del mensaje presidencial. Además, señaló un posible peligro de fuga al recordar que la excongresista intentó llegar a la embajada de México.
Por su parte, la defensa legal de Chávez negó los argumentos y cuestionó la validez de los documentos presentados por el Ministerio Público. Aseguró que su patrocinada siempre se ha sometido a la justicia y que no existe riesgo de fuga.
La exministra continúa bajo restricciones como la obligación de presentarse a controles biométricos semanales y la prohibición de abandonar Lima sin autorización judicial.
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