La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no aplicó la ley 31751, conocida como ‘Ley Soto, y evitó que prescriba el proceso contra el exconsejero del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, acusado de patrocinio ilegal.
La decisión se da luego que la Fiscalía apelara al tribunal supremo contra la resolución dictada por el juez Juan Carlos Checkley, quien en agosto del 2023, aplicó la Ley Soto y archivó el proceso contra Águila. En sus argumentos el juez determinó que el delito contra el imputado prescribió en junio del 2022.
El magistrado también ordenó que en el juicio oral únicamente se determine si corresponde que el exconsejero pague la reparación civil de 150 mil soles que requirió la Procuraduría Anticorrupción. Sin embargo, la Fiscalía encargada del caso decidió apelar y fue declarado fundado el requerimiento. En consecuencia el juez deberá emitir el auto de enjuiciamiento y remitir el expediente.
En los argumentos de la Sala invocan al Acuerdo Plenario 5-2023/CIJ-112, que catalogó como inconstitucional la ‘Ley Soto’.
“El plazo de duración de suspensión no puede reducirse a un año como se estableció en la ley 31751 (...) siguiendo el acuerdo plenario alcanza al plazo ordinario más de la mitad, que en el presente caso serían seis años”, se lee en la resolución. Es decir, el proceso prescribiría en junio de 2030.
Águila es acusado por supuestamente haber intercedido ante una fiscal anticorrupción de Junín en 2018 para favorecer a un allegado a la que ella investigaba.
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