El Poder Judicial (PJ) declaró infundada la tutela de derechos presentada por la defensa de la presidenta Dina Boluarte, que buscaba anular la denuncia constitucional en su contra por la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Los abogados de la mandataria argumentaban una presunta vulneración de sus derechos de su clienta y a la igualdad de partes, al no haber sido permitida su participación en diligencias de extracción de información de fuentes abiertas. Sin embargo, el juez concluyó que los argumentos presentados carecían de sustento fáctico y jurídico
Con esta decisión, el PJ respalda la continuidad de la investigación en el Congreso contra la jefa de Estado. La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación sigue su curso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.
ORIGEN DE LA DENUNCIA. El caso se originó a mediados de mayo de 2024, cuando el Gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, ordenó la desactivación del equipo EFICCOP. Esto ocurrió con apoyo de los coronel de la PNP Harvey Colchado y al coronel Walter Pajuelo, quienes habrían recibido ofrecimientos del exabogado de Boluarte, Mateo Castañeda, a cambio de favorecer a la mandataria y a su hermano Nicanor, ambos investigados por este grupo especializado.
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