El Poder Judicial rechazó el pedido del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, para que se levanten las órdenes de ubicación y captura que se dictaron en su contra a nivel nacional e internacional por el caso Provias Descentralizado - Puente Tarata.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró "improcedente" la solicitud que hizo Silva Villegas, a través de su defensa legal, para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva por 36 meses que se dictó en su contra, el cual originó que se emitan estas órdenes de captura.
Además, negó que se le permita afrontar bajo mandato de comparecencia simple la investigación preparatoria que se le sigue en el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal y colusión simple en agravio del Estado.
La defensa legal de Juan Francisco Silva planteó este pedido al sostener que ya venció el plazo de vigencia del mandato de prisión preventiva por 36 meses que se impuso a su patrocinado, por lo que se debe levantar las ordenes de ubicación y captura que existen en su contra dentro de este proceso penal.
No obstante, el magistrado determinó que la documentación presentada por la defensa legal de Juan Francisco Silva no constituye nuevos elementos de convicción que permitan variar la situación legal de su patrocinado.
Checkley Soria también remarcó que en el caso de Silva Villegas se desconoce su paradero y que el mandato de prisión preventiva que se dictó en su contra en marzo del 2023, cuyo cese se solicita "no ha sido ejecutada, toda vez que las autoridades policiales no lograron su captura".
"Conforme al artículo 283° inciso 4 del CPP, es necesario en esta evaluación indicar las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde su privación de libertad y el estado de la causa; en el caso del imputado Silva Villegas, se desconoce su paradero ya que la medida coercitiva impuesta y cuyo cese se solicita no fue ejecutada, toda vez que las autoridades policiales no lograron su captura, a pesar de los mandatos judiciales existentes. Por lo tanto, hasta la fecha, no se cumple con la materialización de dicha medida, la que fue dictada en marzo de 2023 (esto es hace dos años aproximadamente); en consecuencia, por los fundamentos expuestos la solicitud de la defensa de cese de prisión preventiva debe desestimarse", preciso el magistrado en su resolución emitida el último 3 de marzo.
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