El Poder Judicial archivó el proceso penal contra Víctor Zamora, exministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, por el presunto delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales durante la pandemia de la COVID-19. La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien aceptó el requerimiento de la Fiscalía.

Mediante una resolución emitida el 20 de octubre, el magistrado declaró fundado el pedido de sobreseimiento presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La decisión se sustentó en el artículo 344 del Código Procesal Penal, que contempla supuestos para disponer el sobreseimiento de una causa. El juez concluyó que correspondía aplicar esta figura respecto de los dos hechos atribuidos al exministro.

Asimismo, declaró infundada la oposición de la Procuraduría Pública encargada del caso, que buscaba que el requerimiento fuera revisado por la Fiscalía Suprema correspondiente para que se formulara una acusación.

La investigación estaba relacionada con dos decisiones atribuidas a Zamora durante su gestión al frente del Ministerio de Salud.

Según la tesis fiscal, el entonces ministro habría adquirido pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares, lo que, de acuerdo con la acusación, habría afectado el cerco epidemiológico establecido para contener los contagios.

El segundo hecho estaba relacionado con una presunta demora en la emisión de una disposición para regular el uso de oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93 %. La hipótesis fiscal sostenía que una disposición oportuna habría permitido que más pacientes accedieran a este recurso.

La investigación preparatoria fue formalizada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras la aprobación de un informe final de denuncia constitucional por parte del Congreso, el 13 de diciembre de 2024.

REPARACIÓN CIVIL. Aunque el proceso penal fue archivado, el juez dejó a salvo el derecho de la Procuraduría a reclamar una reparación civil de S/200 000 a favor del Estado, conforme a las reglas procesales aplicables.

Por separado, el Congreso también dispuso la inhabilitación de Zamora por diez años para ejercer la función pública por infracción a la Constitución. Esta medida corresponde al ámbito parlamentario y no debe confundirse con el proceso penal que acaba de archivarse.