El Poder Judicial ordenó el archivo definitivo del proceso penal contra la exfiscal de la nación Delia Espinoza, por presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones. La decisión responde a que los hechos imputados no constituyen ilícitos penales y representa un nuevo revés para la acusación constitucional promovida por el Congreso.

La investigación se originó por el reglamento sobre la actuación fiscal en la investigación del delito, cuestionado por el Congreso al considerar que modificaba las competencias otorgadas a la Policía Nacional mediante la Ley 32130. Sin embargo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria concluyó que la controversia planteada corresponde a una interpretación normativa y no a una conducta delictiva.

El magistrado descartó el delito de prevaricato al señalar que un reglamento institucional no constituye una resolución emitida dentro de un proceso concreto. Asimismo, sostuvo que no existieron actos arbitrarios que configuren abuso de autoridad ni se identificó a algún afectado directo por la emisión del documento.

Respecto a las imputaciones por falsedad genérica y usurpación de funciones, la resolución precisa que las interpretaciones jurídicas no equivalen a hechos falsos y que la emisión de una disposición normativa no implica ejercer funciones ajenas. Además, se advirtió que la acusación no acreditó que algún fiscal hubiera actuado indebidamente por efecto del reglamento.

Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó el pedido de archivo. El fiscal adjunto supremo Eduardo Atencio Ramos sostuvo que Delia Espinoza no participó en la elaboración del reglamento y afirmó que la acusación del Congreso carecía de sustento penal. "No vamos a disentir", señaló, respaldando la excepción de improcedencia de acción.