El Poder Judicial intensificó las investigaciones por un caso de desaparición forzada ocurrido durante el periodo de violencia interna en el Perú.

En ese contexto, realizó diligencias en diversas zonas de Ayacucho para recabar nuevas pruebas sobre el paradero de Silvestre Quispe de la Cruz, desaparecido en 1984.

Las actuaciones forman parte del juicio oral por este caso y buscan fortalecer el esclarecimiento de los hechos.

DILIGENCIAS. Los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional se trasladaron hasta la comunidad campesina Nuevo Unión, en el centro poblado de Matarilla, distrito de Tambo, donde recogieron el testimonio de una persona que también habría sido detenida durante los hechos investigados.

Además, el colegiado inspeccionó un despeñadero en Vargaspampa, considerado un punto clave dentro del proceso judicial.

Según el Poder Judicial, estas diligencias permiten verificar directamente las características geográficas de la zona y contrastar la información aportada por los órganos de prueba.

Las acciones forman parte de la etapa probatoria del juicio y buscan garantizar una adecuada valoración de las evidencias en un caso ocurrido durante la década de 1980, periodo marcado por el conflicto armado interno que dejó miles de víctimas en distintas regiones del país.

La justicia peruana mantiene abiertos diversos procesos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en esos años.

CASO. De acuerdo con la acusación fiscal, Silvestre Quispe de la Cruz fue detenido el 6 de agosto de 1984 por integrantes de la ronda campesina de Acosvinchos cuando regresaba de realizar actividades comerciales. Desde ese momento, se perdió todo rastro de su paradero.

Sus familiares emprendieron una larga búsqueda ante autoridades policiales, militares y civiles, pero nunca obtuvieron información sobre su destino.

El Ministerio Público sostiene que existió una privación de la libertad seguida de la negativa a informar sobre el destino de la víctima, por lo que calificó el caso como desaparición forzada.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa a Elías Ccollana Canchari, a quien atribuye participación en el presunto delito.

El Poder Judicial continuará con las diligencias para determinar responsabilidades y contribuir al esclarecimiento de un caso que permanece sin resolver después de más de cuatro décadas.