El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el cierre de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Dicha sala ve casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos como, por ejemplo, el denominado Caso Pativilca.
La medida se ejecutará a partir del lunes 1 de julio, y precisa redistribuir “toda la carga procesal” de esta sala a otros colegiados de la Corte Superior Nacional, a partir del 1 de agosto.
A partir del 1 de agosto, el colegiado —integrado por los jueces Miluska Cano (presidenta), Otto Verapinto y Helbert Llerena—se convertirá en una Sala de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Puno.
Según la resolución, los procesos en trámite a cargo del colegiado que preside la magistrada Miluska Cano serán redistribuidos entre las salas nacionales liquidadoras con competencia en delitos relacionados a derechos humanos.
La Corte Superior Nacional solicitó al Consejo Ejecutivo que la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria sea convertida en un Juzgado Colegiado Penal Nacional Transitorio. Pero este pedido fue rechazado debido a que el Poder Judicial, según el Consejo Ejecutivo, está en un “contexto de austeridad y de escasez de recursos financieros”, por lo que el requerimiento “afecta el presupuesto institucional; así como la competencia, objetivo y funcional de los órganos jurisdiccionales penales; asimismo la disponibilidad de plazas jurisdiccionales y de apoyo vacantes”.
Una vez que los jueces de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria tomaron conocimiento de que serían desactivados a partir del 1 de agosto, se dispuso programar más sesiones a la semana para sentenciar casos cuyo juicio está cerca de finalizar. Algunos de estos son el caso de la desaparición forzada del periodista y corresponsal del Diario La República, Jaime Ayala Sulca, y el caso de la masacre de 34 pobladores de Lucmahuayco.
La referida Sala Penal también lleva el juicio oral por el Caso Pativilca, que inició en diciembre de 2023. A la fecha, Vladimiro Montesinos y cinco agentes del Grupo Colina se acogieron a la terminación anticipada del juicio y reconocieron su responsabilidad en la masacre seis pobladores.
La resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no precisa si la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria deberá seguir desarrollando los juicios que ya iniciaron hasta la emisión de la sentencia.
La decisión materializada en la resolución 000197-2024-CE-PJ fue adoptada por unanimidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Integran este órgano Javier Arévalo (presidente), Elvia Barrios, Ramiro Bustamante, Johnny Cáceres y Carlos Zavaleta.
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