El Poder Judicial (PJ) dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco de la investigación fiscal que enfrenta por el caso Lava Jato, relacionada con presuntos aportes ilegales recibidos de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.
La medida fue impuesta por el Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Jorge Chávez, tras evaluar los argumentos del Ministerio Público, que advirtió riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
Villarán es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, tras haber aceptado públicamente en 2019 que su campaña contra la revocatoria en 2013 recibió financiamiento de las citadas empresas brasileñas. Según la Fiscalía, el monto total habría superado los US$ 10 millones.
Parte del dinero habría sido canalizado a través de contratos simulados y consultorías ficticias, además de entregas en efectivo para gastos logísticos y pagos a medios de comunicación. La exburgomaestre negó en su momento haber recibido coimas, aunque aceptó la existencia de aportes no declarados.
Cabe destacar que Susana Villarán actualmente se encuentra bajo comparecencia restringida. El nuevo impedimento de salida busca garantizar su permanencia en el país durante el proceso. La investigación forma parte del caso Lava Jato en el Perú, que involucra a exautoridades de distintos niveles por la recepción de aportes ilícitos o sobornos a cambio de favorecer a empresas brasileñas en licitaciones públicas.
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