El Poder Judicial renovó las órdenes de captura nacional e internacional contra la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez, para hacer efectiva la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que recibió por su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

La medida fue dispuesta por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, en cumplimiento de la sentencia emitida el 4 de diciembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Chávez fue condenada como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado.

Mediante una resolución del 14 de agosto, el magistrado ordenó renovar las requisitorias y comunicó la decisión a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, para que continúen las acciones de ubicación y captura.

El Poder Judicial ya había dispuesto la búsqueda de Chávez a nivel nacional e internacional. El último 19 de mayo, la Policía Judicial recibió una orden para ejecutar su inmediata ubicación y captura.

Sin embargo, su abogado Raúl Noblecilla cuestionó la medida y sostuvo que la detención no sería posible debido a que su patrocinada se encuentra bajo asilo diplomático en México.

Además de la pena de prisión, Chávez fue inhabilitada por dos años para ejercer cargos públicos y deberá pagar S/12 millones de reparación civil al Estado peruano, de manera solidaria con Pedro Castillo, Willy Huerta y Aníbal Torres, también condenados en este proceso.