El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por la defensa del presidente José María Balcázar para archivar la parte civil del proceso que afronta por el presunto delito de apropiación ilícita común en agravio del Estado. Con esta decisión, el mandatario continuará siendo parte del caso en el que se deberá determinar si corresponde el pago de una reparación civil.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró infundada la solicitud de la defensa, que argumentaba que el plazo legal para reclamar una reparación civil ya había vencido y que el Estado ya no podía continuar con esa pretensión dentro del proceso.

La defensa de Balcázar sostenía que el Colegio de Abogados de Lambayeque no se constituyó como actor civil dentro del caso y que, desde el último 12 de junio, habría vencido el plazo para exigir una reparación económica. Sin embargo, la Fiscalía rechazó este argumento y señaló que la acción civil aún se mantiene vigente, por lo que corresponde al Ministerio Público defender los intereses del Estado.

La investigación está relacionada con la gestión de Balcázar como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque durante los años 2019 y 2020. Según la acusación fiscal, recursos económicos de la institución no habrían sido manejados mediante los canales oficiales y presuntamente fueron depositados en cuentas personales.

Los peritajes contables realizados en el caso identificaron movimientos económicos superiores a S/774 000 además de retiros que, según la Fiscalía, no habrían sido debidamente sustentados ni entregados nuevamente al colegio profesional.

Por estos hechos, la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo solicita que Balcázar pague S/348 000 por concepto de reparación civil en caso sea hallado responsable.

Sin embargo, aunque el Poder Judicial rechazó el intento de archivar la pretensión económica, sí aceptó otro pedido de la defensa: suspender el inicio del juicio oral mientras Balcázar permanezca en el cargo de presidente de la República.

El juzgado dispuso que el proceso continúe programado para su instalación el 21 de agosto y una audiencia posterior el 28 de agosto, pero estas diligencias no podrán desarrollarse mientras el mandatario mantenga la investidura presidencial.