El Poder Judicial declaró improcedente el habeas corpus presentado para conseguir la libertad inmediata del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido desde el 7 de diciembre de 2022. La jueza constitucional Ana Osorio concluyó que el pronunciamiento de un grupo de trabajo de la ONU que calificó su detención como arbitraria no obliga al Estado peruano.

El recurso fue presentado por el abogado y exministro de Defensa Walter Ayala, quien pidió anular las decisiones judiciales y legislativas relacionadas con la detención, condena y vacancia de Castillo, tomando como fundamento el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Dicho organismo sostuvo que la detención del exmandatario fue arbitraria y recomendó su liberación. Sin embargo, la jueza Osorio señaló que este pronunciamiento no tiene carácter jurisdiccional ni resulta vinculante para las autoridades peruanas, por lo que no puede dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los órganos nacionales.

La magistrada también tomó como referencia un criterio del Tribunal Constitucional, según el cual el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria forma parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fue creado mediante una resolución de la entonces Comisión de Derechos Humanos.

En ese sentido, precisó que el Perú no se ha sometido expresamente a dicho organismo, por lo que sus opiniones no tienen efecto obligatorio sobre los procesos judiciales internos.

El habeas corpus también buscaba anular las resoluciones del Congreso que aprobaron la vacancia de Castillo por permanente incapacidad moral y el levantamiento de su antejuicio político.

Asimismo, solicitaba dejar sin efecto la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso el 4 de diciembre de 2025 por el delito de conspiración para rebelión, a raíz del intento de ruptura del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022.

Finalmente, la defensa pretendía anular la prisión preventiva dictada contra Castillo dentro de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y otros hechos vinculados a los casos PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La resolución judicial fue emitida el 14 de agosto y mantiene vigentes las decisiones que sustentan la privación de libertad del expresidente.