A pocos meses de las elecciones generales, la carrera hacia el Congreso comienza marcada por la controversia. Diversos partidos políticos han presentado como candidatos a figuras con antecedentes judiciales, investigaciones fiscales o vínculos con casos emblemáticos de corrupción y abuso de poder, generando preocupación sobre la calidad de la representación parlamentaria que se perfila para el próximo periodo legislativo.
Entre los nombres más llamativos figura César Cataño, postulado por el partido Progresemos, quien afrontó un proceso por presunto lavado de activos vinculado a la desaparecida aerolínea Peruvian Airlines. Aunque fue absuelto en instancias previas, el caso aún se encuentra en revisión en la Corte Suprema. En la misma agrupación también figura el excongresista Edwin Donayre, condenado por el caso “Gasolinazo”, quien ahora busca regresar al Congreso apoyado en campañas de redes sociales.
La lista continúa con Raúl Prado Ravines, exoficial de la Policía Nacional y candidato por el partido Un Camino Diferente, quien cumple prisión preventiva por su presunta participación como líder del denominado “Escuadrón de la Muerte”, grupo acusado de ejecuciones extrajudiciales. Pese a ello, su postulación fue inscrita para las elecciones venideras.
En tanto, el partido Juntos por el Perú presenta a familiares del expresidente Pedro Castillo, entre ellos su hermana Irma Castillo, su cuñada Yenifer Paredes y su sobrino Cledin Vásquez, mientras que el exmandatario Martín Vizcarra impulsa la candidatura de su exsecretaria Miriam Morales, investigada por el caso Richard Swing. A ello se suma la postulación de Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala, como aspirante al Senado.
La lista se completa con figuras como Yessenia Lozano, cercana al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien también enfrenta cuestionamientos por presuntas faltas a la neutralidad electoral. En conjunto, estos perfiles reavivan el debate sobre la calidad de los candidatos, la ética en la política y el riesgo de que el próximo Congreso esté marcado por intereses personales y antecedentes judiciales aún sin resolver.
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