El fiscal provincial y miembro del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), Carlos Ordaya, denunció que dos efectivos de la policía Nacional del Perú (PNP) habrían intentado obstruir la justicia, al intimidar y coaccionar a testigos protegidos del caso Ícaro, en que se investiga al ministro de Justicia Juan Santiváñez y al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.
“Los testigos protegidos han sido amenazados en el transcurso de esta investigación. A cierta manera que incluso fueron inducidos para que no vengan a declarar, para que no sigan aportando los elementos de convicción”, señaló Ordaya, resaltando que los declarantes están dentro del registro UCAVIT, entidad que debía proteger a víctimas y testigos.
La denuncia de estos actos fue respaldada con más de 90 folios de respaldo, incluidos chats y registros de comunicaciones. Los efectivos policiales se encuentran identificados como suboficiales PNP Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito. Ambos formarían parte de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).
Según el fiscal, este sería un delito muy grave, ya que ambos efectivos estaban a cargo de los testigos, y debían velar por su protección y seguridad, sin embargo, no cumplieron con su rol y los habrían intimidado utilizando los nombres de altos mandos de la PNP, para mayor convencimiento, con el fin de que dejen de colaborar con las investigaciones y compartan información respecto al caso.
Según sus declaraciones, una de los testigos le habría indicado al suboficial Jesús Guerrero, que el pasado mes de mayo personas desconocidas habrían roto y robado partes de su vehículo a modo de advertencia, ya que “en ese estado (roto), no lo iban a poder vender”. Esto, sumado a que uno de los investigados “sabe que utiliza dicho vehículo para trasladar a su menor hija”. No obstante, el oficial no habría trasladado los hechos reportados al despacho fiscal encargado del caso, a pesar de que debía asegurar su protección.
ALTOS MANDOS. La testigo señaló que el suboficial Guerrero intentó persuadirla para que dejara de colaborar con las investigaciones, resaltando que el caso podría “caerse”, y que “su vida y la de su niña” estaban en riesgo. Asimismo, le habría mencionado nombres de altos mandos policiales para convencerla de brindarle información.
“Le sugiero de manera particular que, si va a continuar con la colaboración, en caso esta se cae, ¿cómo la puedo ayudar? La fiscalía no te va ayudar. Tendría que tener mayor conocimiento del caso, y si tiene que ver con el coronel Colchado (Harvey Colchado) (…) tendría que comunicar a ‘Arriola’ y ‘Canario’”, le habría indicado el suboficial Guerrero a la testigo protegida.
Estos apelativos se refieren al jefe de Estado de la PNP, teniente general Oscar Arriola Delgado, y al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, respectivamente. Ante este hecho, el fiscal Orday pidió al jefe de la DIVIAC que se releve al suboficial Guerrero de inmediato, sin embargo, el suboficial que lo reemplazó, Jhonny Olano Tito, hizo lo mismo, intentando averiguar más información sobre a quienes EFICCOP estaba investigando.
CASO ÍCARO. Este caso investiga al ministro de Justicia Juan José Santiváñez Antúnez, a quien se le acusa de conducir una organización criminal enquistada en altos niveles del Poder Ejecutivo.
Según la Fiscalía, Santiváñez habría manipulado términos de referencia en el Ministerio del Interior, facilitado pagos ilegales para mantener generales en servicio, favorecido a operadores como el abogado retirado Percy Tenorio, e intervenido en operaciones públicas como la recuperación de la mina “El Dorado” a cambio de sobornos de hasta 160 000 dólares estadounidenses.
También se vinculó a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, en intentos de generar arraigos laborales para evitar medidas judiciales.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
