“Soy inocente”, fueron las palabras de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, mientras era trasladado detenido por personal de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). Él es acusado de ser líder de una organización criminal: ‘Los waykis en la sombra’ y tráfico de influencias. Las diligencias iniciaron a las 6:00 horas de este viernes 10 de mayo y Boluarte estará detenido por 10 días.
El operativo de allanamiento y detención también alcanzó al abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda y otras 20 personas que formarían parte de la organización.
Según el informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Nicanor Boluarte, interfirió en la designación de los prefectos y subprefectos, a quienes pidió dinero antes de darles el cargo, con el objetivo que ellos recolecten firmas y promuevan el partido Ciudadanos por el Perú. Este hecho fue revelado el 2023 por Cuarto Poder.
Desde esa fecha, el Eficcop empezó a investigar a Boluarte y la injerencia que tendría en el gobierno de su hermana. Tras ello, descubrieron que no solo fueron prefectos. También buscó nombrar a Juan José Enciso Torres como director ejecutivo de Provias Descentralizado a través de Víctor Torres Merino, cercano a la familia Boluarte; quien también fue proveedor del programa Qali Warma por la suma de S/12 mil.
Sin embargo, la designación de Enciso se frustró tras ser detenido en el marco a la investigación de ‘Los intocables de la corrupción’, red liderada por el expresidente Martín Vizcarra. La Fiscalía sostiene que en dicho gobierno y con el Ministerio de Transporte se direccionaron obras a cambio de millonarias coimas.
El Eficcop también detalla que el abogado de la jefa de Estado, Mateo Castañeda, intentó “neutralizar” la investigación contra Nicanor. El letrado prometió a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano beneficios ilícitos por parte del Gobierno para que intervengan en el proceso contra el hermano. Para obtener las pruebas, Colchado actuó como agente encubierto.
Pero como no ocurrió, retiraron a Colchado de la Diviac y Lozano no tuvo ascenso. A esto se suma que el 9 de mayo, el Gobierno a través del ministerio del Interior desactivara el grupo especial policial que apoyaba al Eficcop, alegaron una duplicidad de funciones.
De todo lo descrito, el Eficcop tendría pruebas contundentes como chats, audios y videos.
Desde el Congreso, los parlamentarios Eduardo Salhuana (Alianza para el progreso), Alejandro Cavero (Avanza País) y Waldemar Cerrón (Perú Libre) cuestionaron el actuar de la justicia y aseguraron que se está “politizando” para armar “shows”.
Mientras que la presidenta no se pronunció ni salió en defensa de su hermano como lo hacía antes. Lleva más de un mes sin declarar a la prensa y en actividad pública dijo que no se “distraerá en asuntos menores”, pero convocó al jefe de la Policía, teniente general Víctor Zanabria y a su ministro del Interior, Walter Ortiz. Tampoco asistió al Congreso donde fue citada.
Por su parte el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, exigió que se reponga el Equipo Especial que apoyaba a Eficcop.
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