Lima. Las últimas decisiones del Congreso despertaron el interés internacional. Ayer la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación tras la aprobación del pleno de realizar una investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Indican que en el Perú no se están respetando la separación de poderes.
La propuesta fue hecha por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) y respaldada por 84 de sus colegas, todos de derecha y Perú Libre. Lo que buscan es remover a siete magistrados de la JNJ.
Para ello ya se formó a los legisladores que conformarán la comisión de investigación; cuatro de ellos son parlamentarios que tienen denuncias.
Las legisladoras Rosio Torres, María Acuña y Heidy Juárez sindicadas como ‘mocha sueldos’ están en la comisión. Además del parlamentario Elvis Vergara también investigado por pertenecer a la red criminal del expresidente Pedro Castillo, en el caso de ‘Los Niños’; donde los legisladores -acusados- cambiaban sus votos, favoreciendo al exmandatario, por cargos públicos para sus allegados u obras.
Para el politólogo Carlos Timaná, con las designaciones solo demuestran que quieren colocar a alguien de su medida para librarse de sus investigaciones. Además señala que es una práctica frecuente hecha por el Congreso, generando leyes que solo benefician a los ‘padres de la patria’.
Mientras que la ONU, JNJ y desde el Ejecutivo se mostraron en contra de la decisión del Parlamento. El nuevo ministro de Justicia, Eduardo Arana, refirió que también están ‘preocupados’ y consideran que las instituciones y la democracia pueden estar en riesgo. Además manifestó que los organismos autónomos deben ser protegidos.
Sin embargo, según Timaná, esa posición puede cambiar porque el Gobierno de Dina Boluarte depende de los congresistas que derecha.
El abogado Alejandro Rospigliosi explicó que la decisión del Parlamento no rompe el equilibrio de poderes, porque todo está en marco a la Constitución.
Los investigados son: Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos.
OTRAS MEDIDAS. Por otra parte y en contra de las últimas decisiones de la Organización de los Estados Americanos, la congresista Roselli Amuruz anunció que presentó una moción de que no se entregue el “pago de la cuota” que se le otorga a la OEA, la parlamentaria pide al Gobierno que se suspenda el desembolso de $968 500.
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