La diputada Catherin Norma Palomino Casavilca, de la bancada de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que propone derogar siete normas aprobadas durante el anterior Congreso, conocidas por diversos sectores como las “leyes procrimen”.

La iniciativa plantea restituir el marco legal previo con el objetivo de reforzar las capacidades del Estado para investigar y sancionar delitos vinculados al crimen organizado, la corrupción y la minería ilegal.

Según la propuesta legislativa, las normas cuestionadas habrían reducido las facultades de fiscales y policías en investigaciones complejas.

Entre ellas figuran la Ley 31751 y la Ley 32104, relacionadas con la prescripción de la acción penal; la Ley 31989, que modificó las reglas de intervención frente a la minería ilegal; la Ley 31990, sobre colaboración eficaz; la Ley 32054, que excluyó a las organizaciones políticas del régimen de responsabilidad administrativa de personas jurídicas; además de las leyes 32108 y 32130, que modificaron aspectos de la lucha contra el crimen organizado y la conducción de diligencias preliminares.

En la exposición de motivos, Palomino sostiene que estas reformas representaron un retroceso en la persecución del delito y afirma que su propuesta permitirá recuperar herramientas legales que fueron debilitadas.

El proyecto señala que busca "reducir los espacios de impunidad y garantizar una respuesta más eficaz del sistema de justicia frente a la delincuencia organizada, con pleno respeto de la Constitución Política del Perú, el debido proceso y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano".

LEYES “PROCRIMEN”. Varias de estas normas generaron controversia desde su aprobación. La denominada "Ley Soto" fue cuestionada por la Corte Suprema respecto a sus efectos sobre la prescripción de procesos penales, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional declaró su constitucionalidad.

Asimismo, modificaciones a la legislación sobre crimen organizado recibieron críticas de instituciones vinculadas al sistema de justicia por considerar que podían dificultar investigaciones de alta complejidad.

El proyecto también precisa que la derogación de estas leyes no generaría un vacío normativo. La propuesta establece que volverían a aplicarse los textos originales del Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normas especializadas vigentes antes de las modificaciones aprobadas por el anterior Parlamento.

Además, indica que las investigaciones y procesos judiciales en trámite se adecuarían al nuevo marco legal desde la entrada en vigor de la eventual ley, mientras que las actuaciones procesales ya realizadas conservarían su validez.