El caso de Geiner Alvarado López se encuentra en una fase crítica. Actualmente es el único de los 14 investigados en el expediente que permanece privado de libertad, mientras otros funcionarios y alcaldes procesados accedieron a ceses de prisión preventiva. 

El Ministerio Público sostiene que la medida es necesaria para garantizar su presencia en el proceso y evitar riesgos de fuga, ya que Alvarado podría enfrentar hasta 17 años y 8 meses de prisión por presuntas irregularidades en contratos que superarían los S/500 millones.

La defensa, liderada por el abogado Humberto Abanto, cuestiona la legalidad de la medida y presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC). “Solo el TC puede revertir lo que califica como una decisión manifiestamente inconstitucional de la Sala Penal Permanente”, aseguró Abanto. 

Según el letrado, la resolución que impuso la prisión preventiva incluyó un “dato falso” sobre un certificado de trabajo vinculado al Decreto de Urgencia 102-2021, cuando en realidad se trataba de contratos ajenos al decreto y presentados en otra causa. Además, denunció que no se aplicó el examen de proporcionalidad exigido por precedentes del TC.

Durante la audiencia pública, el abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, Johnny Hernandayachi Sotomayor, defendió la continuidad de la prisión preventiva, argumentando que la pluralidad de domicilios y la insuficiencia del arraigo laboral justifican la medida. 

Por su parte, la defensa insistió en que la prisión preventiva no puede fundamentarse únicamente en la gravedad de los delitos o en antecedentes de fuga de otros investigados, invocando la Ley 32108, que redujo el alcance del tipo penal de organización criminal, y pidió restituir la situación de Alvarado a la comparecencia con restricciones, medida que ya había sido fijada por un juez de investigación preparatoria.