La propuesta legislativa del congresista Waldemar Cerrón que busca establecer una Comisión de Fiscalización sobre jueces y fiscales generó rechazo en la comunidad legal peruana por parte del Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL).
El decano del CAL, Raúl Canelo, informó que el Consejo de Ética de la institución procesará a los parlamentarios abogados y colegiados que respalden esta medida al considerarla un “daño a la profesión” desde un punto de vista deontológico.
Canelo precisó que de los 130 legisladores, 31 son letrados de profesión y al no haber sido un anuncio realizado o respaldado por todos los colegios de abogados, solo se aplicaría a los que reporten a Lima como su distrito judicial. Aunque con este filtro la lista se reduzca a 12, el número es aún menor al excluir a los que no son colegiados.
En caso el CAL respalde la cuestionada iniciativa, el Consejo de Ética podría proceder contra siete legisladores, de los cuales solo cinco aparecen habilitados: Susel Paredes, Luis Cordero Jon Tay, Héctor Valer, Patricia Juárez y Vivian Olivos.
Cabe destacar que el proyecto de Waldemar Cerrón busca la creación de una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales” con la finalidad de fomentar un marco institucional más estricto para la supervisión y sanción de conductas corruptas, intentando así restaurar la confianza pública en el sistema judicial y la integridad de los procesos legales.
No obstante, según críticos del proyecto, este atenta contra la división de poderes y plantea una duplicidad de funciones. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya posee competencias para evaluar el desempeño de jueces y fiscales en colaboración con la Academia de la Magistratura, llevándose a cabo esta revisión cada tres años y medio.
Además, la JNJ tiene la facultad de sancionar a jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, inclusive destituyéndolos si es necesario, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
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