La procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, es investigada preliminarmente por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de disponer el cese del abogado Amado Enco como procurador público de la Contraloría General de la República. El Ministerio Público estableció un plazo de 60 días para realizar las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias de esta decisión.
¿POR QUÉ SE INICIÓ LA INVESTIGACIÓN?. De acuerdo con la disposición fiscal a la que tuvo acceso RPP, la investigación está relacionada con la decisión de Caruajulca de retirar a Enco del cargo que ocupaba en la Contraloría.
El cese se ejecutó bajo el argumento de «pérdida de confianza». Sin embargo, uno de los aspectos que motivó la controversia es que el abogado había conseguido acceder a esa plaza mediante un concurso público realizado en 2023.
Es decir, Enco no había llegado al puesto únicamente por una designación de confianza, sino a través de un proceso de selección.
DILIGENCIAS TENDRÁN UN PLAZO DE 60 DÍAS. Con la apertura de esta investigación preliminar, el Ministerio Público buscará reunir elementos que permitan determinar si la decisión de la procuradora general constituyó un presunto abuso de autoridad.
El inicio de las diligencias no implica que Caruajulca sea responsable del delito investigado. La Fiscalía deberá evaluar los hechos y las actuaciones vinculadas con el cese antes de establecer si corresponde continuar con el proceso.