Diputados de la bancada Juntos por el Perú y Obras presentaron un proyecto de ley que propone conceder una amnistía al expresidente Pedro Castillo y a personas investigadas, procesadas o condenadas por hechos vinculados a la crisis política iniciada el 28 de julio de 2021 y de protestas registradas desde el 7 de diciembre de 2022.

Quieren extinguir la acción penal y las penas impuestas por delitos relacionados con las manifestaciones sociales posteriores al 7 de diciembre de 2022, fecha en que Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización del país.

Entre los objetivos de la iniciativa figura contribuir a la pacificación y reconciliación, promover la convivencia democrática y fortalecer el Estado. 

Asimismo, plantea evitar que el derecho penal sea utilizado para sancionar el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación política.

El anexo de la propuesta menciona como posibles beneficiarios a Pedro Castillo; los extitulares del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez; el exministro del Interior Willy Huerta Olivas, además de otras personas procesadas o condenadas por hechos vinculados a las manifestaciones.

Sin embargo, la iniciativa establece exclusiones. El beneficio no alcanzaría a quienes hayan ocasionó la muerte de una o más personas o lesiones graves dolosas, ni a quienes hayan incurrido en violencia sexual, secuestro, tortura, trata de personas o desaparición forzada.

También excluye los actos de funcionarios, servidores públicos, militares o policías que durante las protestas usaron la fuerza. Esta restricción comprende a quienes ordenaron, planificaron o encubrieron dichos actos, especialmente cuando constituyan graves violaciones de derechos humanos.