El congresista Américo Gonza presentó un proyecto de ley que obligaría a todos los historiadores a colegiarse en el Colegio Profesional de Historiadores del Perú para ejercer legalmente la profesión.
Esta iniciativa, respaldada por otros parlamentarios, busca regular la profesión, mejorar la calidad de la investigación histórica y el reconocimiento de los profesionales, así como combatir la proliferación de estudios superficiales y la precariedad laboral.
Sin embargo, la propuesta recibió fuertes críticas, tanto de historiadores como de la ciudadanía, quienes la consideran una medida innecesaria que podría beneficiar a un grupo específico.
Las críticas se centran en la idea de que la colegiatura obligatoria no necesariamente mejorará la calidad de la investigación, sino que podría restringir el acceso a la profesión y generar un control innecesario.
Se argumenta que los colegios profesionales a menudo imponen costos sin contribuir significativamente al desarrollo de la profesión.
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