Los estudiantes de universidades privadas podrían mantener el mismo monto de sus pensiones durante toda su carrera profesional. Esa es la propuesta presentada por el diputado Juan Villanueva, de Juntos por el Perú, quien plantea modificar la Ley Universitaria para establecer contratos con tarifas fijas desde la primera matrícula.

La iniciativa busca evitar que los costos de enseñanza y los trámites administrativos aumenten durante el periodo regular de estudios, de modo que los alumnos y sus familias puedan organizar mejor sus gastos y evitar interrupciones por razones económicas.

PENSIÓN FIJA. El proyecto plantea incorporar el artículo 100-A a la Ley Universitaria. Este establecería que los estudiantes de universidades privadas puedan contratar una pensión fija desde su primera matrícula y conservarla durante todos los semestres contemplados en el plan de estudios de su carrera.

El monto sería establecido por cada universidad y comunicado al estudiante antes de iniciar sus estudios. De esta manera, el costo acordado se mantendría durante el periodo regular de formación profesional.

Sin embargo, el beneficio tendría excepciones. El estudiante perdería este derecho si supera la cantidad de semestres previstos para terminar la carrera, cambia voluntariamente de profesión o abandona sus estudios sin una reserva de matrícula justificada. En esos casos tendría que suscribir un nuevo contrato.

La propuesta también busca impedir que las instituciones educativas eleven indirectamente las pensiones mediante nuevos cargos obligatorios.

Para ello, se plantea prohibir que las universidades cambien el nombre o contenido de cobros existentes, los dividan o trasladen sus costos a otros conceptos con la finalidad de incrementar el monto que el estudiante acordó pagar.

TRÁMITES UNIVERSITARIOS TAMBIÉN TENDRÍAN TARIFAS FIJAS. El proyecto incorpora el artículo 100-B, que contempla mantener los costos de los procedimientos administrativos durante el periodo regular de estudios.

Entre los trámites comprendidos figuran los derechos de examen de aplazados, cursos dirigidos, carpetas de bachiller y titulación, constancias de egresados y certificados de estudios.

Estos montos tendrían que ser informados antes de la firma del contrato educativo. Además, si el estudiante pierde el beneficio de la pensión fija, también dejaría de contar con las tarifas administrativas congeladas.

INDECOPI PODRÍA SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO. La iniciativa también propone modificar el artículo 75 del Código de Protección y Defensa del Consumidor para que el incumplimiento de estas obligaciones sea considerado una infracción.

Si la propuesta llega a convertirse en ley, el reglamento tendría que aprobarse en un plazo máximo de 90 días calendario, previa opinión de la Sunedu y el Indecopi. A su vez, las universidades privadas tendrían hasta 180 días calendario desde la publicación del reglamento para adecuar sus normas y documentos de matrícula.

Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa y no de una disposición vigente para las universidades privadas.