El diputado de Renovación Popular, Gustavo Segura Figueroa, propuso crear un régimen penitenciario especial para personas condenadas por delitos de extrema violencia, con restricciones severas durante su permanencia en prisión, incluida la eliminación de beneficios penitenciarios y un régimen de aislamiento reforzado.

La propuesta busca incorporar los artículos 11-D y 42-A al Código de Ejecución Penal para establecer el denominado Régimen Cerrado Especial de Seguridad Extrema. Este sistema estaría dirigido a internos condenados por delitos como homicidio calificado, sicariato, extorsión, secuestro, trata de personas y delitos contra la libertad sexual, entre otros contemplados en el proyecto.

RESTRICCIONES. De acuerdo con la iniciativa, los internos sometidos a este régimen no podrían acceder a la redención de pena por trabajo o educación, semilibertad, liberación condicional ni permisos de salida.

Además, permanecerían 23 horas al día en una celda individual y tendrían solo una hora de patio, sin contacto con otros internos sujetos al mismo régimen.

La propuesta también establece condiciones específicas de presentación personal, como mantener el cabello corto, de máximo un centímetro, y no llevar barba. Asimismo, los internos utilizarían un uniforme penitenciario estandarizado y diferenciado, sin logos, frases o inscripciones.

Las visitas quedarían restringidas a familiares directos una vez al mes, mediante locutorio con separación física. Como alternativa, se permitiría una llamada telefónica de hasta 10 minutos al mes.

RÉGIMEN. El proyecto plantea que estas condiciones se mantengan durante toda la condena. La posibilidad de pasar a un régimen penitenciario ordinario se produciría únicamente mediante una resolución judicial debidamente fundamentada.

Para ello, el interno tendría que haber cumplido 35 años de pena efectiva y contar con una evaluación psicológica favorable durante cinco años consecutivos.

La iniciativa también establece que el Ministerio de Justicia, a través de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), tendría un plazo de 180 días para adecuar los establecimientos penitenciarios y habilitar pabellones exclusivos para este régimen.

Segura sostiene que los condenados por delitos de especial crueldad o violencia requieren condiciones de máxima seguridad. Según argumenta, los actuales beneficios penitenciarios y los sistemas de convivencia común podrían resultar insuficientes para controlar a internos considerados de alto riesgo.