La tasa de homicidios es alarmante en el país y llegaron a 469 casos a la fecha, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Al respecto, la presidenta Dina Boluarte, ratificó su postura a favor de la pena de muerte para combatir la criminalidad y aseguró que no es una estrategia política.
Durante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025, desarrollada este martes 18 de marzo, el premier Gustavo Adrianzén anunció que impulsará la asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas y presentará ante el Congreso un proyecto de ley para que se apruebe el servicio militar y policial obligatorio.
Además, impulsará la declaratoria de emergencia de la Policía para reducir su brecha logística y fortalecer la inteligencia policial en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
INICIATIVAS SIN SENTIDO. Diario Viral consultó al politólogo Carlos Timaná Kure sobre estas medidas impulsadas por el Gobierno central y manifestó que tienen buenas intenciones, pero las calificó de “vacías” y “poco claras” porque solo quieren ganar popularidad de la gente y no afrontarían la criminalidad en el país.
Explicó que es muy difícil que la pena de muerte se ejecute en el país debido a que primero se necesita la renuncia del pacto de San José y la aprobación del Congreso, lo cual tomaría varios años porque en el 2026 retornará la bicameralidad.
Sobre los acuerdos anunciados por Adrianzén, señaló que existe evidente problema de orden público y el servicio militar y policial obligatoria solo sirve cuando el país está bajo amenaza terrorista y no en casos cuando la Policía esta coludida con las organizaciones criminales. Destacó que se necesita abrir canales disciplinarios para que los oficiales que colaboren puedan ser procesados y recibir todas las sanciones de la ley.
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