Nuevamente se puso en debate reabrir el penal El Frontón tras más de 35 años. Esto luego de un proyecto de ley presentado por Alejandro Muñante y la visita del presidente del Congreso, Alejandro Soto, al lugar. A esto se suma, otra iniciativa de Heidy Juárez para también habilitar el penal El Sepa, ubicado en medio de la selva.
Ambas cárceles eran conocidas como las más temibles y están ubicadas en lugares de difícil acceso. En el caso de El Frontón, situado en una isla del Callao, fue cerrado en 1986, luego de un motín en el que murieron al menos 118 internos. Pese a ello, varios funcionarios e incluso congresistas propusieron reabrir, pero nunca se concretó la idea.
Mientras que El Sepa, ubicado a orillas del río del mismo nombre, se cerró en 1992 porque era muy costoso el trasladado de un reo, ya que usaban avionetas que llevaban pocos imputados.
En ambos lugares se reportaron torturas a los encarcelados. En los gobiernos de Alan García y Martín Vizcarra también se propuso la reconstrucción de mencionados penales. Sin embargo, las críticas llovieron de especialistas en seguridad como el exministro del Interior, José Pérez Guadalupe, que aseguró que ya no existe una infraestructura en El Frontón, por ende mejor invertir en un nuevo penal.
A esto se suma, que ambos penales son difíciles de mantener y tiene un alto costo económico. Si se reconstruye, El Frontón solo podría albergar 50 000 reos, esa es su actual capacidad y la demanda y hacinamiento supera los 100 000 encarcelados.
El exdirector ejecutivo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Germán Small Arana, detalló que no solo sería una inversión millonaria la reconstrucción, también una vez que funcione, los gastos serían mayores, sobre todo en transporte.
Small Arana explicó que es seguro un penal en una isla, pero el traslado de la alimentación, personal, agua y colocar la electricidad implica un gasto superior.
Recomendó ampliar los penales que se tiene como Challapalca. Es menester indicar que la propuesta de Muñante también busca la ampliación de dicho centro penitenciario.
Los proyectos de ley se argumentan y proponen como una solución ante el aumento de los casos de criminalidad. Así como detallan que a dichas cárceles mencionadas solo irían los delincuentes de alta peligrosidad.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, no se mostró ni a favor ni en contra. Aseguró que son ideas que pueden tomar en cuenta.
Actualmente el problema en las cárceles peruanas es el hacinamiento y hay una sobrepoblación. El exjefe del INPE, Carlos Romero, aseguró que los penales peruanos tienen una capacidad para 40 mil internos y por ahora albergan a 95 mil. A esto se suma que el Tribunal Constitucional dio hasta el 2025 para resolver la problemática. En caso que no lo hagan los tribunos tomarán medidas como el cierre de las cárceles con mayor hacinamiento y el traslado de los internos a otros penales sin sobrepoblación penitenciaria.
Ante ello, la presidenta Dina Boluarte anunció que construirá dos centros penitenciarios, pero hasta la fecha no se concreta.
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