La Comisión de Constitución del Congreso respaldó a la presidenta Dina Boluarte en su pedido de facultades legislativas para cambiar el Código Penal y criminalizar la difusión y convocatoria de protestas, bajo la figura de instigación del delito de disturbio. Pese a pronunciamientos y críticas de diferentes gremios de prensa, que señalan que esa solicitud atenta contra la libertad de expresión, el Parlamento no retiró ello.
En el documento del predictamen que elaboró el grupo de trabajo argumentan que dicha comisión “cree urgente una legislación para sancionar al instigador que invoque a la vulneración de derechos de otras personas o la destrucción de bienes públicos, que finalmente son de todos los peruanos. Por ello, esta comisión está de acuerdo con la urgencia de la medida siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de las persona”.
La Sociedad Interamericana de Prensa, Consejo de la Prensa Peruana, Fundación Ética Periodística se pronunciaron y pidieron al Parlamento que no dé esas facultades a la jefa de Estado. Además, advirtieron que la solicitud no solo afecta al derecho de protesta, sino también afecta directamente a periodistas que serían procesados penalmente por difundir o informar sobre protestas.
Por otro lado, la Comisión de Constitución presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), indicó que algunos proyectos presentados por Boluarte Zegarra carecen de fórmulas legales y hay vacíos. Por ello, Moyano adelantó que no le darán todas las facultades, solo unas cuántas.
“Nosotros estamos haciendo un pre dictamen en función a la exposición de motivos y a la reunión de las mesas técnicas que se hicieron con ellos y la Comisión”, refirió Moyano.
Mientras que los congresistas Roberto Chiabra sostuvo que no hay estrategias para la lucha contra la inseguridad ciudadana en lo planteado por Boluarte. Además criticó que no se haya presentado el ‘plan Boluarte’ y que el Ejecutivo está hablando de nada. Sobre la categoría de la Policía del Orden manifestó que hay contradicciones en los tiempos.
Otros parlamentarios que manifestaron su oposición a dar facultades a la mandataria, fueron Carlos Anderson, Flavio Cruz, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Jaime Quito. Calificaron de una arbitrariedad y abuso de poder criminalizar a los periodistas por cubrir protestas.
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