El Poder Judicial programó para el 18 de diciembre el inicio del juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino, presidente de Juntos por el Perú, por presuntamente presentar información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los aportes y las finanzas de su partido. La Fiscalía solicita cinco años y cuatro meses de prisión y pide que sea inhabilitado definitivamente para ejercer la presidencia de la agrupación.
El Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima dispuso que la audiencia se realice de manera virtual y advirtió que tendrá carácter inaplazable.
Asimismo, señaló que, si Sánchez no se presenta sin una justificación válida, podría ser declarado reo contumaz, condición que permitiría ordenar su ubicación y captura.
El proceso busca determinar si se cometieron irregularidades en los reportes financieros que Juntos por el Perú presentó ante la ONPE, organismo encargado de supervisar la información sobre los ingresos y gastos de las organizaciones políticas.
El Ministerio Público atribuye a Sánchez los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.
Según la acusación fiscal, algunos reportes habrían consignado ingresos en cero o cifras que no coincidían con los movimientos económicos identificados durante las investigaciones.
La Fiscalía también solicitó su inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia de Juntos por el Perú, como parte de las consecuencias que plantea para el caso.
Las pesquisas incluyeron el levantamiento del secreto bancario, procedimiento que permitió revisar movimientos de cuentas vinculadas con la investigación.
De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público, se identificaron operaciones por S/208 000 y S/75 550 relacionadas con aportes de militantes que presuntamente no habrían sido declarados correctamente ante la ONPE.
La Fiscalía sostiene que estas posibles omisiones habrían afectado la transparencia del financiamiento partidario y la fiscalización de los recursos de la organización política.
El juicio oral también comprende a Rubén Herrada, José Guardia, Manuel Torbisco y Raúl del Castillo. La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse durante el proceso judicial.
