La congresista y senadora electa por Ahora Nación, Ruth Luque, reconoció que Keiko Fujimori obtuvo una victoria legal en la segunda vuelta presidencial; sin embargo, afirmó que un eventual gobierno de la lideresa de Fuerza Popular carecerá de legitimidad política al considerar que no representa a la mayoría de los peruanos y enfrenta un fuerte rechazo en varias regiones del país.

En declaraciones a RPP, Luque descartó que haya existido fraude electoral, aunque diferenció la legalidad de los resultados de la legitimidad política del próximo Gobierno.

"La legitimidad es un concepto mucho más amplio y para mí el gobierno de Keiko no es legítimo. Hemos llegado a un proceso de más de 30 partidos donde las dos fuerzas que han pasado no expresan lo que la mayoría de la población quiere y un resultado donde territorialmente dentro del Perú no han votado por Keiko Fujimori", señaló.

La legisladora sostuvo que durante el proceso electoral se modificaron reglas que, a su juicio, afectaron principios del sistema electoral. Como ejemplo, indicó que la Cancillería debió informar con mayor anticipación sobre el traslado de votos para la segunda vuelta. Asimismo, cuestionó la estigmatización hacia los sectores de izquierda y centroizquierda durante la campaña.

Luque también aseguró que existe un amplio rechazo a Keiko Fujimori en el sur del país y recordó que Fuerza Popular respaldó decisiones del anterior Congreso que, según afirmó, debilitaron la institucionalidad y favorecieron el blindaje político al gobierno de Dina Boluarte.

Pese a sus cuestionamientos, precisó que acepta el resultado oficial de las elecciones. "Una cosa es que se acepten los resultados legales y otra el debate de la legitimidad. Hay una victoria legal que va a inclinar hacia Fuerza Popular. Ese reconocimiento legal no significa que no tengamos una crítica sobre todo el desarrollo del proceso electoral", enfatizó.

CONTRAPESO. De cara al nuevo Congreso bicameral, la senadora electa indicó que Ahora Nación buscará ejercer un contrapeso político frente al eventual gobierno de Fuerza Popular. Adelantó que impulsará una agenda centrada en fortalecer la seguridad ciudadana, revisar las exoneraciones tributarias y recuperar la independencia de poderes.

Asimismo, anunció que promoverá la derogación y modificación de normas que considera favorecen al crimen organizado, entre ellas cambios en la Ley contra el Crimen Organizado y en la legislación sobre extinción de dominio. También planteó revisar las normas relacionadas con la minería informal e ilegal, diferenciando ambos fenómenos para elaborar una legislación específica para cada uno.